Las resistencias al gobierno provincial: Juan A. Lavalleja y la disolución de la Junta de Representantes

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Las resistencias al gobierno provincial: Juan A. Lavalleja y la disolución de la Junta de Representantes 1
 
Es nuestro propósito examinar cómo durante el transcurso de la guerra entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Imperio del Brasil se fue estructurando en la Provincia Oriental un nuevo ordenamiento político- administrativo. Esto significó la aplicación de una serie de reformas políticas con altos costos económicos, que provocaron múltiples resistencias al romper viejas hegemonías locales, aumentar la carga impositiva y motivar el enfrentamiento entre las fuerzas militares y la dirigencia civil. Puntualmente, nos detendremos en el análisis de la coyuntura que llevó al Capitán General Juan Antonio Lavalleja a la disolución de la Sala de Representantes en octubre de 1827, por tratarse de un ejemplo ilustrativo de esta puja de intereses. Para una comprensión más cabal de este proceso histórico hemos procurado tener en cuenta que este territorio estaba inmerso en otros procesos de reestructuración política en la región del Virreinato del Río de la Plata y el sur del Brasil. A grandes rasgos, se puede identificar en las Provincias Unidas la coexistencia de dos proyectos de construcción estatal, que se expresaron en la formación de los “partidos” de unitarios y federales. Uno de ellos promovía un estado confederal, que suponía un conjunto de pueblos soberanos en igualdad de derechos. El otro, pretendía un Estado rioplatense centralizado, sustentado en la capacidad hegemónica de Buenos Aires. Los conflictos y enfrentamientos que se ocasionaron a raíz de la oposición entre ambas facciones hicieron eco al interior de la Provincia Oriental, constituyendo un marco de referencia ineludible del análisis histórico sobre este período.
 
El año 1820 marcó un punto de inflexión en el proceso revolucionario del Río de la Plata iniciado en 1810. Por una lado, en enero de 1820 se produjo la derrota de las fuerzas artiguistas ante las lusitanas en la batalla de Tacuarembó, y con ella la capitulación de todos los pueblos de la Provincia Oriental que aún resistían al dominio luso-brasileño. Por otra parte, el “pronunciamiento de Arequito” del Ejército del Norte, desconociendo la autoridad del Directorio, así como el triunfo de las fuerzas de Estanislao López y Francisco Ramírez sobre el ejército directorial en Cepeda, provocaron la desaparición definitiva del Directorio y del Congreso, es decir, la disolución del gobierno central, reasumiendo la autonomía cada una de las provincias. Se inició, entonces, una nueva etapa en el relacionamiento entre las provincias que integraban el antiguo Virreinato, conviviendo varios proyectos de configuración estatal.
 
En Buenos Aires, tras la caída del poder central se emprendió la tarea de construir un nuevo orden político interno. El nuevo titular del Poder Ejecutivo, Martín Rodríguez y sus ministros, Bernardino Rivadavia y Manuel García, apoyados por un grupo heterogéneo de la elite porteña, asumieron el desafío de aggiornar la estructura administrativa heredada del período colonial, a la nueva realidad política (Tedeschi, 2007). En ese sentido, implementaron una serie de reformas tendientes a organizar  en sus más diversos aspectos a la sociedad surgida de la Revolución: económicos, políticos, sociales, religiosos, culturales y urbanos. De acuerdo con la historiadora argentina Marcela Ternavasio, “luego de una convulsionada década de revolución y guerras parecía consolidarse [para ciertos sectores sociales] el camino ‘civilizatorio’ que conduciría a la institucionalización del poder.” (Ternavasio, 2004, p. 7). Para la Provincia Oriental, el año veinte significó la completa ocupación portuguesa y en 1821, un Congreso Extraordinario legitimó su anexión como “Provincia Cisplatina (alias oriental)”, al Reino de Portugal, Brasil y Algarves. No obstante, la firma del Tratado del Cuadrilátero entre las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes a comienzos de 1822 y la independencia del Brasil en setiembre de ese año, que dividió a las “fuerzas invasoras”, estimuló –sobre todo en el cuerpo capitular de Montevideo– la posibilidad de romper con los compromisos de anexión asumidos. En tal sentido, los cabildantes iniciaron gestiones con las tropas portuguesas fieles a Juan VI, con las provincias del Litoral y con algunos de los comandantes orientales para concretar el inicio de la guerra contra la dominación brasileña. Pero el acuerdo entre las fuerzas de ocupación, así como la resistencia del gobierno de Buenos Aires a iniciar una nueva guerra, entre otras razones, frustraron estos intentos revolucionarios de 1822 y 1823. 
 
A pesar de estos fracasos, desde Buenos Aires se continuó organizando un posible levantamiento armado en la Provincia Oriental, que se concretó en abril de 1825. La denominada “Cruzada Libertadora” al mando de Juan Antonio Lavalleja, inició un nuevo movimiento revolucionario para la independencia del territorio oriental, esta vez del dominio brasileño. Desde el comienzo, este movimiento procuró acompañar sus acciones de guerra con la formación de un gobierno. A los dos meses de haber comenzado las operaciones militares se instaló, a iniciativa de Juan A. Lavalleja, un Gobierno Provisorio en la Villa de la Florida con el objetivo de convocar a elecciones de diputados en los distintos pueblos de la Provincia para la formación de una Sala de Representantes. El 20 de agosto de 1825, en la Villa de la Florida, comenzó a sesionar la Honorable Sala de Representantes con la incorporación de catorce diputados electos por los siguientes pueblos de la Provincia: villa de Guadalupe (Juan Francisco Larrobla), villa San José (Luis Eduardo Pérez), San Salvador (Juan J. Vázquez), villa San Fernando de la Florida (Joaquín Suárez), Nuestra Señora de los Remedios de Rocha (Manuel Calleros), villa de San Pedro del Durazno (Juan de León), la ciudad San Fernando de Maldonado (Carlos Anaya), San Juan Bautista (Simón del Pino), villa San Isidro de las Piedras (Santiago Sierra), villa del Rosario (Atanasio Lapido), Pueblo de las Vacas (Juan Tomás Núñez), villa Concepción de Pando (Gabriel A. Pereira), Villa Concepción de Minas (Mateo Lázaro Cortés) y por Villa de Víboras (Ignacio Barrios). No contaron con representantes, entre otros, Montevideo y Colonia –estaban aún bajo el dominio brasileño–, así como Santo Domingo Soriano, Mercedes y Paysandú. La presidencia de la Sala se delegó al Padre Juan Francisco Larrobla. Ese mismo día se designó a Juan A. Lavalleja como Gobernador y Capitán General de la Provincia. En la sesión del 25 de agosto se aprobaron dos leyes fundamentales, consideradas como tales por ser el fundamento de la legitimidad de la actuación soberana de la Provincia: la ley que declaraba que este territorio quedaba “de hecho y de derecho libre e independiente” del Rey de Portugal y del Emperador del Brasil y aquella que declaraba a “la provincia Oriental del Río de la Plata unida a las demás de ese nombre en el territorio de Sudamérica”. Una tercera ley aprobada en esa sesión reconocía como pabellón de la provincia, mientras no se produjera la incorporación a las Provincias Unidas, “el que [tenía] admitido compuesto de tres franjas horizontales, celeste, blanca y punzón.” (Armand Ugon, et al., 1930, p. 6).
 
 
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