Las resistencias al gobierno provincial: Juan A. Lavalleja y la disolución de la Junta de Representantes

 
Dos meses después, el 24 de octubre de 1825, el Congreso Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, reunido en Buenos Aires, resolvió la incorporación de la Provincia Oriental. En sus diferentes periodos de trabajo, la Sala de Representantes sancionó otro número importante de leyes que fueron conformando una nueva estructura organizativa político-administrativa sobre los territorios que ya se habían liberado del dominio brasileño. Esta nueva configuración política se caracterizó por tender a centralizar la autoridad y por buscar recursos que permitieran asumir los costos económicos y sociales que la guerra demandaba. Estos nuevos “principios” de distribución del poder que se estaban instaurando generaron resistencias, sobre todo porque suponían la pérdida de ciertas autonomías a nivel local. El 6 de setiembre de 1825 la Sala de Representantes entró en receso pero dejó una Comisión Permanente encargada de organizar la elección de una nueva legislatura. La segunda legislatura contó con un número mayor de diputados debido a la incorporación de representantes de todos los pueblos de la Provincia, incluso de aquellos que aún estaban bajo el dominio brasileño. Por ley se aprobó que la denominada Junta de Representantes; debía integrarse con cuarenta diputados electos por los nueve departamentos de la Provincia en la siguiente proporción: Montevideo tendría ocho, Colonia, Maldonado, Canelones y Soriano cinco cada uno, San José y Paysandú cuatro respectivamente y Cerro Largo y el departamento Entre Yí y Río Negro (Durazno), contarían con dos diputados cada uno. Su actuación se extendió desde diciembre de 1825 a febrero de 1826; entre los meses de junio y julio de ese año hubo algunas sesiones extraordinarias y a partir de setiembre volvió a sesionar hasta octubre de 1827. Es en este último período en el que nos detendremos concretamente en este capítulo. 
 
Durante la segunda legislatura se conformó el Gobierno Nacional de las Provincias Unidas, encabezado por Bernardino Rivadavia, quien asumió como Presidente el 8 de febrero de 1826. El Poder Ejecutivo se dirigió a la Junta de Representantes de la Provincia y al General en Jefe de Ejército y Gobernador Provisorio, Juan Antonio Lavalleja, exigiendo la inmediata incorporación de éste al Ejército Nacional. Para ello, Lavalleja debía previamente delegar su cargo de Gobernador en otra persona, siendo elegido para ello Joaquín Suárez. El comisionado de las Provincias Unidas ante el Gobernador y la Sala fue Ignacio Núñez, quien presentó las notas respectivas escritas por el Ministro de Guerra, Julián S. de Agüero. Las razones que motivaron la misión de Núñez fueron múltiples. Desde el 24 de diciembre de 1825 el Congreso General había puesto bajo el mando del General en Jefe del Ejército Nacional a todas las fuerzas militares existentes en las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Oriental. Por otra ley de la misma fecha, se había puesto también a disposición del Poder Ejecutivo todas las milicias presentes en esos territorios. Como consecuencia de estas medidas, Lavalleja debía organizar las fuerzas existentes en la Provincia y ponerlas a disposición del General en Jefe, Martín Rodríguez. Sin embargo, para junio de 1826 aún no lo había hecho. Por otra parte, se consideraba que “el doble carácter” que conservaba Juan Antonio Lavalleja, como General en Jefe y Gobernador, había impedido o demorado el cumplimiento de las leyes sancionadas por el Congreso General y las disposiciones decretadas por el Poder Ejecutivo. Una de las leyes que no se estaba aplicando era la sancionada el 13 de marzo de ese año, que ponía “bajo la inmediata y exclusiva administración de la Presidencia de la República todas las aduanas exteriores y declaraba nacionales los impuestos sobre lo que se importaba en el territorio de la Unión, o los que de él se exportaba.”2Conforme a las notas enviadas por Agüero, no sólo no se estaba aplicando esta ley en el territorio oriental, sino que el Gobernador había “autorizado un comercio franco con la Plaza enemiga, por aprovechar, la recaudación de impuestos sobre lo que se introducía y extraía de dicha Plaza”. Esta medida, según las “autoridades nacionales”, favorecía y estimulaba la continuidad del bloqueo al puerto de Buenos Aires que estaba llevando adelante el Imperio. El bloqueo marítimo estaba provocando una reducción significativa de las recaudaciones de la aduana porteña,  que constituían uno de los principales ingresos del Gobierno Nacional, imprescindibles en tiempos de guerra por el aumento del presupuesto que ésta generaba. Por otra parte, el comercio con la plaza “enemiga”, en general circunscrito al abastecimiento de ésta, era un gran inconveniente desde el punto de vista militar. 
 
Bernardino Rivadavia.
 
El pedido de “remisión” del cargo de Gobernador fue resistido por Lavalleja pero contó con el respaldo de la Sala de Representantes de la Provincia. En julio de ese año, Lavalleja finalmente se incorporó al Ejército Republicano y delegó el gobierno de la Provincia en Joaquín Suárez hasta tanto las obligaciones militares le permitieran ejercer ese cargo. Joaquín Suárez–quien se estaba desempeñando como diputado por Florida– había iniciado su “vida pública” participando de los movimientos de 1809 que buscaron reformular la relación con la metrópoli. En 1811 actuó como Comandante Militar de Canelones y acompañó a José Artigas cuando en octubre de ese año, tras la firma del armisticio, se produjo la retirada del ejército oriental seguido de numerosas familias, que se instalaron en la margen occidental del río Uruguay. Suárez participó del segundo sitio a Montevideo y en 1815 solicitó su retiro, culminando de esa forma su carrera militar. En 1816 fue electo para integrar el Cabildo Gobernador de Montevideo y desempeñó ese cargo hasta el 18 de enero de 1817, cuando se evacuó la plaza ante la inminente llegada de los lusitanos. No ejerció ninguna función pública a las órdenes de las autoridades luso-brasileñas. Se reintegró a la vida política con el inició de la revolución en territorio oriental en 1825. (Fernández Saldaña, 1945) El episodio que llevó a Joaquín Suárez a asumir las funciones de gobernador puede ser interpretado como ejemplo de un nuevo ordenamiento del poder, que se caracterizó por aumentar las atribuciones del Poder Ejecutivo en el ámbito provincial, reservar a los civiles los cargos de gobierno y contar con una legislatura provincial acorde con los lineamientos generales del Gobierno Nacional.
 
 
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