La dictadura cívico militar (1973-1985)

Autor: 
Larrobla, Carla

El terrorismo de Estado

El terrorismo de Estado se ejerció en distintas dimensiones y afectó a todo el conjunto de la sociedad uruguaya. Las prácticas llevadas a cabo por el gobierno comenzaron a manifestarse mucho antes del quiebre institucional pero se profundizaron y desplegaron en todo su potencial a medida que transcurrió la dictadura.
Una de las principales características de la estrategia represiva de la dictadura uruguaya fue la del encarcelamiento masivo y prolongado. Aproximadamente 6000 personas fueron procesadas por la Justicia Militar mientras que otras miles pasaron por los centros de reclusión o de detención bajo el régimen de Medidas Prontas de Seguridad o con motivo de ser interrogados.
 
La tortura fue un elemento constante del régimen y se aplicó de forma rutinaria a los detenidos ya fuera en los establecimientos destinados para el encarcelamiento o en los centros clandestinos de detención. Las prácticas de tortura no sólo implicaban el daño físico sino que también apuntaban al debilitamiento sicológico de las víctimas, contando para ambas funciones con profesionales de la medicina que prestaban sus servicios a la dictadura.
 
El exilio político fue otras de las dimensiones del terrorismo de Estado, cientos de miles de uruguayos debieron emigrar por razones políticas. La mayoría de ellos se encontraban requeridos por la Fuerzas Conjuntas y abandonaron el país en su condición de perseguidos políticos. Desde el exterior, la mayoría de ellos, organizaron la resistencia a la dictadura iniciando grandes campañas de denuncia y de solidaridad.
    
Pero la salida del país no garantizaba la salvación. El desarrollo de la coordinación represiva regional encuadrada en el llamado Plan Cóndor, permitió que la represión y persecución traspasara las fronteras. De esta manera, muchos uruguayos fueron detenidos, desaparecidos y asesinados en Argentina, Chile, Paraguay e incluso en Bolivia y Colombia.
 
El 24 de marzo de 1976 se produce el Golpe de Estado en Argentina, y a partir de esa fecha se recrudece la persecución de los uruguayos que se habían exiliado en la vecina orilla; “(...), en 1976 se desplegó en Buenos Aires una serie de acciones contra militantes uruguayos pertenecientes a otros sectores de la oposición al régimen autoritario. Los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz a fines de mayo fueron los ejemplos más claros de que la coordinación represiva no se restringió a los integrantes de grupos guerrilleros y de acción directa, aunque hubo varios intentos de asociar a estos dos líderes con los movimientos armados. La más obvia de estas tentativas fue la aparición de sus cuerpos juntos con los de William Whitelaw y Rosario Barredo, dos ex MLN (“Nuevo Tiempo”) radicados en Buenos Aires. (...).”13
 
En lo que se refiere al asesinato político, en las cárceles uruguayas fallecieron 66 personas. Los motivos de muerte están asociados a los apremios físicos recibidos, a la falta de atención médica y a la autoeliminación. A su vez 22 uruguayos murieron en enfrentamientos con las Fuerzas Armadas y otros 13 fueron secuestrados y asesinados en Uruguay y Argentina.14

Cerca de doscientas personas fueron detenidas y desaparecidas durante la dictadura, aunque antes del Golpe de Estado se produjo la desaparición de dos uruguayos en 1971.
 
Según las investigaciones realizadas por la Comisión para la Paz se han confirmado15 168 de las denuncias que allí se presentaron. De ese total de casos confirmados, 32 personas desaparecen en Uruguay, 125 en Argentina, 9 en Chile, 1 en Bolivia, 1 en Colombia.
 
Como podrá apreciarse la mayoría de los uruguayos son detenidos y desaparecen en la República Argentina producto de la coordinación entre las fuerzas represivas de ambos países.
 
Por otra parte es importante señalar que estos procedimientos se enmarcaron dentro de operativos represivos llevados a cabo de forma planificada y como producto de minuciosas investigaciones de inteligencia.

De esta manera pueden registrarse una serie de “oleadas represivas” vinculadas a los objetivos políticos que perseguían las fuerzas de seguridad:

Las oleadas o ciclos represivos con secuelas de personas detenidas desaparecidas, se suceden en los siguientes períodos de tiempo:
 
1973 setiembre-diciembre. Oleada represiva contra uruguayos militantes del MLN –T y cientos de exiliados latinoamericanos residentes en Chile, inmediatamente del golpe que derrocó al Presidente constitucional, Dr. Salvador Allende.

1975 octubre-diciembre y 1976 enero-junio. Oleadas represivas contra militantes del PCU en Uruguay en el marco del despliegue de la llamada “Operación Morgan”.

1976 abril, junio-julio y agosto-octubre. Oleadas represivas contra integrantes del PVP en Buenos Aires y Asunción del Paraguay.

1976 abril, agosto, noviembre-diciembre y 1977 febrero, mayo-agosto. Oleadas contra militantes del MLN –T en Buenos Aires.

1977 noviembre-diciembre. Oleada contra militantes de la organización argentina Montoneros radicados en Uruguay.

1977 diciembre y 1978 enero contra miembros de los GAU, AMS, PCR Y MLN –T radicados en Argentina.

1978 abril, junio-julio y agosto contra militantes PST, anarquistas, PCR y MLN –T radicados en Argentina.

1978 mayo. Nueva oleada contra Montoneros en Uruguay.

1981 setiembre y 1982 enero. Oleada represiva con militantes desaparecidos de la UJC y PCU en Montevideo.
Investigación Histórica sobre la Dictadura y el Terrorismo de Estado. 1973-1985.” Tomo I. P.779
    
Otra de las dimensiones del terrorismo de Estado se concentró en el montaje de una red de  vigilancia que no solo permitía el cercenamiento de las libertades sino que apuntaba a la modificación de las relaciones sociales desde los aspectos más cotidianos.
 
Los servicios de información e inteligencia desplegaron todo su potencial en aras de desarticular tanto a las organizaciones calificadas como subversivas como a los espacios dónde las mismas pudieran propagarse. De esto se desprende el feroz control que comenzó a ejercerse sobre los medios de comunicación y las diversas expresiones culturales de la sociedad.
 
Si bien el montaje de un sistema de control y vigilancia sobre toda forma de expresión social o ciudadana es parte de un proceso que cobra fuerza a finales de los años 60, su implementación legal y normativa data, en algunos casos, de los años 30. Así la censura a los medios de comunicación, el contralor de radiocomunicaciones, la prohibición de la difusión de determinadas noticias, la prohibición de libros, autores, músicos, artistas “antidemocráticos”, etc., quedó establecida legalmente antes del Golpe de Estado. De todas formas, la dictadura estableció algunas normativas que le permitieran profundizar sus mecanismos de control.  A modo de ejemplo: en octubre de 1973 se dispone que toda información sobre la situación del país que fuera enviada al exterior por las agencias informativas, debía hacerse previa presentación de una copia al Ministerio del Interior. En 1975 la Dirección Nacional de Correos es autorizada a confiscar toda correspondencia que considere subversiva.
 
Los medios de comunicación estaban sujetos a todo tipo de censuras: se controlaban las publicaciones, los programas de radio y de televisión. Si éstos no se ajustaban a lo que el gobierno estimaba conveniente eran castigados como mecanismo de disciplinamiento; dichos castigos implicaban, por ejemplo, la suspensión de la edición de un diario por un determinado tiempo o su cierre definitivo.
 
En el caso de las expresiones artísticas, se realizaba un pormenorizado seguimiento de todas las actividades. Existía para ello una Comisión de Censura que se encargada de determinar que podía ser presentado al público. En cuanto a la cinematografía las empresas distribuidoras debían solicitar autorización para que los films que comercializaban pudieran ser proyectados. De esta manera, las películas a estrenar eran presentadas ante la Comisión Censora, generalmente acompañada de algún grupo de oficiales o militares o de la Policía,  quien determinaba si la película ofrecía escenas tendenciosas y si era recomendable o no su proyección y establecía si algún pasaje del film sería censurado.
 
Lo mismo sucedía con los espectáculos de carnaval, los conjuntos que se presentaban para actuar dentro o fuera del concurso oficial debían entregar los textos del espectáculo a una Comisión censora, la cual los aprobaba o rechazaba total o parcialmente. En algunos casos se realizaban seguimientos específicos a determinados conjuntos, se asistía  a todas sus actuaciones para determinar que no se realizaran agregados al espectáculo y comprobar el ajuste de sus presentaciones a lo establecido por la comisión.
 
A su vez, existían autores y artistas de distintas disciplinas que se encontraban prohibidos por ser considerados subversivos. En esos casos estaba totalmente prohibida la difusión de sus obras  y la venta de las mismas, para lo cual se controlaban librerías y disquerías. En el caso de los músicos se realizaban “escuchas” permanentes de los programas radiales para verificar que no se trasmitieran canciones de artistas proscriptos.  
Los mecanismos de vigilancia implicaban controlar todas aquellas actividades que nuclearan a grupos de personas. Tanto los ámbitos educativos como las comunidades religiosas y todas aquellas formas de organización que fue encontrando la sociedad civil, fueron objeto de investigaciones y seguimientos por parte de los servicios de inteligencia del Estado.
 
De esta manera se asiste a una “clausura de los espacios públicos” que busca impedir todo tipo de formas de expresión que atentaran contra el orden que se procuraba establecer. Reuniones, conferencias, festivales, campamentos, todo espacio que facilitara o promoviera el nucleamiento de personas debía estar previamente autorizado. Al mismo tiempo un equipo de inteligencia asistía a todas estas actividades para realizar un efectivo control de las mismas. Incluso aquellos eventos o fechas conmemorativas oficiales que implicaran asistencia de público, eran objeto de un riguroso control.
 
La dictadura generó, pues, un proceso de restricción en las formas de solidaridad social, en la medida que los mecanismos represivos sumados a la presencia del “miedo” conducían, en muchos casos, a que las familias se encerraran en sí mismas y los espacios barriales de interacción social fueran restringiéndose cada vez más al tiempo que se imponía, también, la cultura de la sospecha y la delación.