La dictadura cívico militar (1973-1985)

Autor: 
Larrobla, Carla

Breve síntesis del proceso político de la dictadura

El 27 de junio de 1973 comenzó a organizarse el aparato institucional que daría forma al gobierno de facto. De esta manera, a través del mismo decreto que disolvió el Parlamento, se creó el Consejo de Estado, cuyas atribuciones fueron: desempeñar las funciones de la Asamblea General y controlar la gestión del Poder Ejecutivo en lo referente al respeto a los derechos individuales y a las normas constitucionales y legales. A su vez debía elaborar un anteproyecto de reforma constitucional. Dicho Consejo inició sus funciones el 19 de diciembre de 1973 siendo su primer presidente el ex senador nacionalista Martin Echegoyen.
 
El mismo día del Golpe de Estado se emitió el decreto de disolución de las Juntas Departamentales que fueron sustituidas por las Juntas de Vecinos, cuyos miembros (nueve para Montevideo y siete para las 18 restantes) serían designados por el Poder Ejecutivo. Las principales funciones gubernamentales fueron absorbidas por las Intendencias Municipales. Cabe señalar que la totalidad de los intendentes fueron confirmados en sus cargos, registrándose sólo la renuncia del Prof. Amaral, intendente de Rocha.
 
El ya mencionado decreto del 28 de noviembre de 19736 ilegalizó a los siguientes partidos o grupos políticos: Grupos de Acción Unificadora (GAU), Movimiento 26 de marzo, Movimiento Revolucionario Oriental, Partido Comunista Revolucionario (PCR), Partido Comunista del Uruguay (PCU), Partido Socialista (PS), Unión Popular y Unión de Juventudes Comunistas (UJC).
 
La participación de las Fuerzas Armadas había sido institucionalizada en febrero de 1973, tras la creación del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) cuya integración era mixta en tanto participaban civiles y militares. Éste organismo y la Junta de Comandantes en Jefe (JCJ) de las tres Armas, jugaron un papel fundamental durante el proceso dictatorial tanto para la coordinación de la gestión gubernamental como para la planificación de medidas políticas y represivas.
 
Bajo los principios rectores de la Doctrina de Seguridad nacional (DSN) se aprobó en 1974 una nueva Ley Orgánica Militar, que completaba la institucionalización del COSENA, la JCJ y el Estado Mayor Conjunto (ESMACO).
 
A partir de ese año, el número de funcionarios militares que comenzaron a ocupar cargos en el aparato estatal fue aumentado considerablemente. Este proceso de “militarización” del Estado implicó que integrantes de las Fuerzas Armadas fueran designados como interventores de distintos Entes Autónomos y para distintos cargos dentro de la administración pública. Estas medidas se enmarcan dentro de una política de control y vigilancia de la sociedad civil comprendida dentro de la lógica de combate al enemigo interno.
 
Como mecanismo para fortalecer la idea de un proyecto nacional, 1975 fue fijado como el “Año de la Orientalidad” en el marco de los festejos del “Sequiscentenario de los Hechos Históricos de 1825”. Toda una serie de dispositivos conmemorativos se desplegaron en el correr del mismo año en el que comienzan a manifestarse las primeras divergencias entre el elenco castrense y el presidente Juan María Bordaberry.
 
Estas diferencias se pusieron de manifiesto a la hora de definir el camino que debía tomar el gobierno en 1976 (año en el que – constitucionalmente- deberían ser realizadas las elecciones nacionales). Los planteos de Bordaberry se orientaban a la fundación de un nuevo régimen político donde el sistema de partidos como tal no tendría cabida. Este último punto resultó inadmisible para los mandos militares que decidieron la destitución del presidente el 12 de junio de 1976.
 
A partir de ese momento asumió -de forma transitoria- la presidencia Alberto Demicheli, quien pertenecía al Partido Colorado, y las elecciones previstas para ese año fueron suspendidas. Se creó el Consejo de la Nación, integrado por el Consejo de Estado y la Junta de Oficiales Generales y que, entre sus facultades, poseía la potestad de designar al Presidente así como a los miembros del Consejo de Estado y de otros ámbitos gubernamentales de extrema importancia. Pocos meses después, el 1º de setiembre de 1976, la presidencia de la República pasó a manos de Aparicio Méndez, de filiación blanca.
 
 
Una de las primeras medidas de Méndez fue la firma de una serie de Actos Institucionales, dentro de los cuales se estableció la proscripción de toda actividad política. Estos actos constituían una serie de normas de carácter constitucional que sustituían a la Carta Magna en tanto se proyectaba una reforma de la misma.
 
A partir de ese momento asistimos a lo que Carlos Demasi denomina como “giro castrense” que no implicó el alejamiento de los civiles del gobierno “…pero definió de otra forma las reglas de su participación: los cuadros políticos debían esperar autorización para hablar en público, o aleccionar a algún militar para que fuera este el que hablara.”7
 
En agosto de 1977 los comandantes presentaron un “Cronograma político” donde se anunciaba la realización de elecciones para 1981 con una única candidatura y la apertura a más candidatos para 1986. Al mismo tiempo expresaron su voluntad de realizar una reforma constitucional en aras de legitimar las transformaciones introducidas por medio de los actos institucionales.
 
El acto plebiscitario se produjo el 30 de noviembre de 1980 y la población debía manifestarse por “Si”  o por “No” al proyecto constitucional. Esta instancia significó la derrota del proyecto impulsado por la dictadura tras la victoria del “No” por  57,9% de los votos. Los momentos previos al plebiscito implicaron una gran movilización política; las autoridades desplegaron una gran campaña publicitaria mientras que aquellos que se oponían a la dictadura realizaron las más diversas actividades propagandísticas tanto de forma clandestina como en el marco de una restringida legalidad. A partir de esta derrota se abre una nueva etapa del proceso político.
En 1981 se aprobó el Acto Institucional Nº 11 donde se establecía una transición de tres años, y se preveía que en 1982 se realizarían elecciones internas en los partidos políticos autorizados: Partido Colorado, Partido Nacional y la Unión Cívica. Por el mismo acto se designaba un nuevo presidente; cargo que el 1º de setiembre asumió el Teniente General ® Gregorio Álvarez.
 
En lo que respecta a las elecciones internas, las mismas implicaron la desproscripción de una buena parte de la oposición y la reactivación de la vida política. Los partidos acordaron las candidaturas a presentar y quedaron establecidas claramente dos alternativas: los opositores a la dictadura y los que apoyaban al gobierno de facto.
La exclusión de la izquierda suscitó que se organizara un movimiento que promovía el voto en blanco como forma de expresar el apoyo al Frente Amplio. Sin embargo no faltaron los debates entre los diferentes sectores que conformaban la coalición sobre cómo actuar frente a las elecciones internas. La iniciativa del voto en blanco fue impulsada por el Gral. Líber Seregni desde la prisión y, pese algunas opiniones que se inclinaban por el apoyo a los sectores progresistas de los partidos tradicionales; la izquierda se alineó en torno a esta propuesta. Desde el exterior y en la clandestinidad, los militantes se movilizaron para marcar la presencia y vigencia del Frente Amplio.
 
Las elecciones se llevaron a cabo el 28 de noviembre de 1982, el 60,61% de los habilitados a votar concurrieron a los comicios y resultaron ganadoras las listas opositoras a la dictadura. A partir de ese momento comenzaron a funcionar las Convenciones partidarias y se iniciaron las conversaciones con el gobierno para pautar los caminos a seguir para la salida de la dictadura. Las primeras conversaciones se llevaron a cabo entre mayo y julio de 1983 en el Parque Hotel y duraron hasta que los partidos decidieron abandonarlas por entender que era inadmisible continuar las negociaciones en tanto se mantenían las prácticas represivas.
 
Al mismo tiempo, buena parte de la sociedad uruguaya comenzaba a movilizarse; varios espacios culturales brindaron un lugar para el desarrollo de acciones de resistencia, profundizando diversos mecanismos que se habían desarrollado a lo largo de los años de opresión para, por ejemplo, burlar la censura. Los gremios comenzaron, paulatinamente, a reactivarse. En ese sentido el gobierno autorizó la creación de  asociaciones de trabajadores por empresa que se nucleó en el Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT) y  permitió la realización de un acto para el 1º de mayo de 1983, que resultó multitudinario. El movimiento estudiantil, por su parte, conformó la Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública (ASCEEP).
 
Hacia mediados de 1983 comenzaron los primeros apagones y caceroleos masivos como forma de expresar el repudio a la dictadura y en setiembre se realizó la “semana del estudiante” con una convocatoria altamente exitosa. En este marco de creciente movilización social fue creada la “Intersectorial” como espacio de coordinación entre los partidos políticos y las organizaciones sociales. El momento culmine de este proceso fue el acto del 27 de noviembre llevado a cabo en los alrededores del Obelisco de Montevideo y bajo la consigna “Por un Uruguay democrático y sin exclusiones”.
 
En julio de 1984 se reiniciaron las conversaciones entre los partidos y los militares, pero esta vez el ausente fue el Partido Nacional. La negativa de los “blancos” se debía a la reclusión a la que era sometido Wilson Ferreira Aldunate, líder del sector más “progresista”, quien había regresado al país el 16 de junio siendo detenido de forma inmediata. De esta manera las negociaciones fueron llevadas adelante por el Partido Colorado, la Unión Cívica y la izquierda (cuyo principal dirigente, Líber Seregni, ya había sido liberado pero se encontraba proscripto).
 
Como resultado de las primeras conversaciones se fueron derogando algunos de los Actos Institucionales, y se inició la liberación gradual de los presos políticos. Al mismo tiempo se anunció la desprocripción del Frente Amplio pero se mantenía ilegal al Partido Comunista.
 
El 23 de agosto de 1984, en el Club Naval  se concretó el acuerdo entre militares y políticos y se fijaron las elecciones para noviembre. En setiembre se organizó, con la participación  de los partidos políticos y distintas organizaciones sociales, la Concertación Nacional Programática (CONAPRO). Este espacio tenía como objetivo lograr acuerdos y fijar criterios para el futuro gobierno democrático.  
 
El 25 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones nacionales, muchos políticos continuaban proscriptos y varios miles de ciudadanos tenían vetada la posibilidad de votar. La victoria recayó en el Partido Colorado y el 1º de marzo de 1985 asumió la presidencia, el Dr. Julio María Sanguinetti.