La dictadura cívico militar (1973-1985)

Autor: 
Larrobla, Carla

Golpe de Estado y Huelga General

En la madrugada del 27 de junio, el Presidente Juan María Bordaberry firmó, junto a los Ministros de Defensa e Interior, el decreto de disolución del Parlamento. De esta manera es el presidente electo constitucionalmente quien “…en dicho acto (autogolpe) deviene dictador de facto. No existió, pues, ni usurpación, ni vacío, sino continuidad y unidad del poder estatal…”4

La respuesta de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) fue inmediata y la Huelga General fue declarada el mismo 27 de junio, procediéndose a la ocupación -por parte de los obreros- de los lugares de trabajo. Esta medida fue acompañada por la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) impulsando la paralización de las actividades curriculares y la ocupación de  los centros de estudio. La respuesta del gobierno no se hizo esperar y el 30 de junio se emitió el decreto de disolución de la CNT y se dispuso la clausura de sus locales y el arresto de dirigentes sindicales. El 11 de julio la central decidió levantar la huelga en el marco de una represión creciente que provocó que el gobierno debiera habilitar el Cilindro Municipal como centro de detención, debido a que la capacidad de las cárceles y de otros establecimientos de reclusión se encontraba saturada.
 
La Huelga General se extendió a lo largo de 15 días y fue acompañada por distintas acciones del movimiento popular: manifestaciones relámpago (la más significativa de ellas fue la realizada el 9 de julio sobre la avenida 18 de julio5), reorganización inmediata de las ocupaciones luego de los desalojos, volanteadas, pintadas; llegando a realizarse el simbólico acto de apagar la llama de la refinería de ANCAP, ubicada en el barrio La Teja.
Como contraparte, la política represiva desplegada por el gobierno dejó como saldo cientos de detenidos y heridos y dos trabajadores asesinados: Walter Medina (6 de julio) y Ramón Peré (9 de julio).
 
En lo que refiere al movimiento estudiantil, las autoridades decidieron realizar en setiembre de 1973, las elecciones universitarias bajo el control de la Corte Electoral. En todos los servicios universitarios triunfaron los sectores de oposición a la dictadura, convirtiendo a este acto eleccionario en un fracaso para los objetivos del gobierno. A esta instancia se le suma el suceso del  27 de octubre de 1973, donde luego de la explosión de una bomba en la Facultad de Ingeniería, fue intervenida la Universidad de la República al tiempo que fueron detenidos el Rector y la mayoría de los Decanos. A partir de ese momento se inició un proceso de depuración de los principales cuadros docentes universitarios.  Por último el 28 de noviembre  fueron ilegalizadas las actividades de casi todos los partidos o grupos de izquierda y de la FEUU.